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Amigas, amigos,

En anteriores envíos, hemos publicado los llamamientos, acuerdos y denuncias de Vía Campesina y de organizaciones regionales latinoamericanas sobre la cuestión de las semillas transgénicas. Hoy compartimos con los suscriptores mejicanos, aún a riesgo de que algunos quizás ya la conozcan, esta nota de Silvia Ribeiro donde expone el alcance del acuerdo que acaba de firmar el gobierno de Fox con los de Estados Unidos y Canadá.

Un cordial saludo.

Un saludo, Carlos.
Redacción de SERPAL.

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>> EL CABALLO DE TROYA DE LOS TRANSGENICOS EN AMERICA LATINA
Por: Silvia Ribeiro ( La Jornada )

México acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para burlar los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad internacional y promover que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con transgénicos, librando de responsabilidad a empresas y países que los producen.

El acuerdo fue signado el pasado 29 de octubre por Víctor Villalobos, de la Secretaría de Agricultura de México (Sagarpa); J. B. Penn, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y Andrew Marsland, del Ministerio de Agricultura y Agroalimentos de Canadá. México promueve además que el acuerdo se extienda a otros países latinoamericanos. Según Blair Commber, director de Agricultura de Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay ya han manifestado su interés.

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología se firmó en 2000 y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Lo han ratificado 78 países. Conocido como Protocolo de Bioseguridad o Protocolo de Cartagena, tiene por objetivo regular, 'de conformidad con el principio de precaución', el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados.

El proceso de negociación de este protocolo llevó más de siete años y fue muy duro. Para las muy escasas pero poderosas empresas que dominan la producción de transgénicos era fundamental que fuera débil y adecuado a sus necesidades, y que el marco legal resultante no obstruyera su carrera de expansión contaminadora, sino que las exceptuara de la responsabilidad por daños. Para defender sus intereses, se apoyaron en las delegaciones de tres países que tenían 99 por ciento de los cultivos transgénicos (Estados Unidos, Canadá y Argentina) y tres países lacayos que aunque no se beneficiaban en nada, se prestaron a sus intereses: Australia, Chile y Uruguay. Esas naciones formaron el Grupo de Miami, que junto con la industria biotecnológica obstruyó y saboteó lo más que pudo las normas propuestas para proteger el medio ambiente, la salud y la biodiversidad. Lograron que se cambiara la definición de 'organismos modificados genéticamente' por la de 'organismos vivos modificados', excluyendo así de las reglas más astringentes del protocolo 90 por ciento del comercio mundial de transgénicos, ya que los productos procesados o para ser procesados en alimentos o forrajes, y no para semilla, no son consideradas organismos 'vivos' modificados y las regulaciones son mucho más laxas. La industria y el Grupo de Miami también consiguieron no tener que informar claramente si un cargamento contiene o no transgénicos y que sólo haya que marcar 'puede contener transgénicos'.

La primera reunión de las partes firmantes del protocolo se realizará en Kuala Lumpur, Malasia, del 23 al 27 de febrero próximos. En la agenda se incluye la definición más específica de dos temas relevantes: el etiquetado y la responsabilidad y compensación por daños.

México, país origen del maíz -que junto con la soya, el algodón y la canola es uno de los cuatro cultivos que conforman ciento por ciento del comercio mundial de transgénicos-, que ha sido contaminado en el corazón de sus culturas y economía, sale otra vez en auxilio de las empresas trasnacionales y los intereses de Estados Unidos al firmar un acuerdo regional ejemplar, que será 'manual' para salvar a las empresas de cualquier decisión que pudiera tomarse en la próxima reunión de Malasia.

Este acuerdo firmado por México, Canadá y Estados Unidos tiene aspectos clave que vacían de contenido las reglas del protocolo y las decisiones futuras que se pudieran tomar: establecer que un cargamento 'no es transgénico' si contiene hasta 5 por ciento de transgénicos (!), que la presencia 'no intencional' de transgénicos en un cargamento no será causa de tener que etiquetar que los 'puede contener' y que los que cumplan las reglas de ese documento ya habrán cumplido los objetivos del protocolo, como tener en cuenta el principio de precaución, entre otros. Todas esas son demandas de la industria de biotecnología, según Patty Rosher, vocera de la Coalición Internacional del Comercio en Cereales (IGTC), quien afirma que 'la industria ha estado trabajando para minimizar el impacto del protocolo en el comercio' y que la demanda de un límite de 5 por ciento de contaminación es la meta que se han fijado para conseguir en la próxima reunión de Malasia (Food Chemical News, 15 de diciembre de 2003). Por supuesto, en Estados Unidos y Canadá el grado de contaminación es tan extendido que les resulta imprescindible que haya un umbral alto de tolerancia y que si envían granos contaminados (la gran mayoría de sus exportaciones) se pueda definir como 'no intencional' para evitar juicios.

La Sagarpa, que premia los transgénicos con subsidios, que promueve las importaciones de maíz que compiten deslealmente con los productores mexicanos y los contamina, tiene actualmente la presidencia de la Comisión de Bioseguridad. ¿Algún conflicto de intereses? Por eso encabezará las negociaciones de bioseguridad en Malasia. El acuerdo ahora firmado no sólo sacrifica otra vez los intereses de campesinos, indígenas y toda la población mexicana junto con sus tesoros naturales, sino que será ejemplar para el resto del mundo como vía para burlar las pocas y débiles regulaciones precautorias que existen, haciendo de paso el trabajo sucio a países que, como Estados Unidos y Canadá, no han firmado el Protocolo de Bioseguridad.

* Silvia Ribeiro es autora es investigadora del grupo ETC.

Fuente: La Jornada
Recibido de: Argenpress

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28 de diciembre de 2003
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