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>> Honduras: la oligarquía quiere democracia
"ma non troppo".
* Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
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>> En la madrugada del martes pasado el Congreso hondureño dejó abierta la posibilidad de realizar el próximo 29 de noviembre -coincidiendo con las elecciones generales - un referéndum para que los ciudadanos de este país puedan decidir si aceptan o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero el presidente Zelaya que desde su campaña electoral ha promovido la plena participación democrática, se disponía a efectuar el próximo domingo una consulta previa a todos los hondureños. Debían responder en las urnas por si o por no a la pregunta: "¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una constitución política?".

Al día siguiente, de forma sorpresiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto General Romeo Vázquez comunicó al presidente que no cumpliría las órdenes de distribuír el material necesario para la consulta, tarea que es habitual que realicen en coordinación con el Tribunal Electoral. El militar se amparaba en la decisión de un tribunal de justicia y de la fiscalía, que consideró improcedente la convocatoria. La desobediencia a la orden de Zelaya, que constitucionalmente es también Comandante en Jefe de las FF.AA., fue acompañada por el visible desplazamiento de unidades militares desde zonas del interior hacia Tegucigalpa, la capital. Paralelamente, ex militares en retiro, algunos de los cuales estuvieron implicados en la represión de los años 80, apoyaron públicamente la decisión del Gral. Romeo Vázquez.

Estos generales, coroneles y otros oficiales retirados argumentaron que "obedecer al presidente es desobedecer la Constitución". Aprovecharon para pedir que se "blindara" la figura del jefe del Estado Mayor, para que el ejercicio de su cometido no está supeditado al poder civil, o sea del presidente elegido democráticamente.

Sectores ligados al empresariado y la casi totalidad de los medios de comunicación, alabaron la posición de los militares, presentándolos como "respetuosos de la Constitución". En algunos casos se expresó abiertamente que era necesario que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, enfrentado con Zelaya desde hace largo tiempo, se hiciera cargo del gobierno. A esa altura, estaba claro el perfil de un intento golpista "blando", que en definitiva consiste en "voltear" al actual presidente, desandar el camino realizado e impedir que los hondureños se pronuncien sobre una reforma de la constitución. Resulta claro que para la oligarquía hondureña, el límite de la democracia es el que le permite controlar los principales resortes del poder. Y hasta ahora, salvo la presidencia, puede decirse que controla el Congreso, el Poder Judicial y la casi totalidad de los medios de comunicación. Los cuatro principales diarios pertenecen a capital privado y están directamente ligados a importantes grupos políticos y empresariales. Hay 14 canales de televisión, de los cuales 8 tienen cobertura nacional y el resto regional. Todos son privados, y sus propietarios por lo general también pertenecen a fuertes grupos económicos. Basta con leer los titulares nacionales de los diarios impresos para ver que no existe la menor objetividad y que -por ejemplo- transforman la solidaridad de diversos países de la región con el presidente hondureño elegido con el voto popular en titulares que afirman "Chávez amenaza a Honduras". Esa misma oligarquía es la que a través de diversos personeros, liberales o nacionales, ha controlado durante muchos años la política y la economía. El sistema financiero y los grupos que controlan las grandes empresas constituyen otra "pata" del poder fáctico que ejercen estos sectores sociales privilegiados, en un país donde la pobreza supera el 60 por ciento de la población. Resumiendo, la oligarquía de Honduras acepta esta democracia delegada y "bajo control", pero como ocurrió en Bolivia, tiene pánico a toda forma de democracia directa, como pueden ser las consultas sobre temas fundamentales, en los que cada ciudadano, cada opinión cuenta. Criterio que puede definirse como "democracia, ma non troppo".

Recapitulemos

Manuel Zelaya asumió el gobierno en enero del 2006. Pertenece al Partido Liberal, de sesgo conservador y junto con el Partido Nacional, dos fuerzas políticas tradicionales en Honduras. Pero su campaña electoral y sus primeros meses de gobierno mostraron su predisposición a producir cambios importantes en el país. Públicamente argumentó la ineficacia o el "lastre" de los compromisos que ataron a Honduras a los dictados norteamericanos, afirmó que su país necesitaba "explorar otros caminos". Mostró su proximidad con las experiencias populares de Venezuela, Bolivia o Ecuador, y decidió el ingreso primero en Petrocaribe y luego en la Alternativa Bolivariana ( ALBA). En la política interna decidió una reducción en los precios de los combustibles, dispuso la matrícula gratuita en la educación pública; logró el aumento de la recaudación pública mediante la reforma de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); aprobó la Ley de Transparencia; promulgó medidas de protección de la riqueza forestal hondureña, y obtuvo la condonación de la deuda externa de 1.367 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el 2007 alcanzó un acuerdo definitivo con Nicaragua sobre unas islas en el Mar Caribe y quedó cerrado el antiguo conflicto de límites, gesto que fue saludado como "ejemplo de hermandad latinoamericana". Visitó Cuba, la primera visita de un presidente hondureño a Cuba en medio siglo, y consolidó las relaciones bilaterales. También se fortalecieron los vínculos e intercambios con Brasil y otros países del área.

Adecuar la Constitución

Uno de los objetivos del presidente Zelaya, es la participación e implicación de todos los hondureños en las cuestiones decisivas para el país. Reiteradamente expresó que el andamiaje normativo ponía límites y trabas a esa participación democrática de los ciudadanos y proponía la necesidad de revisar y adecuar el texto constitucional a las necesidades de cambio y transformación. Su intención es realizar un referéndum en coincidencia con las elecciones generales de noviembre próximo, para que los ciudanos expresen su opinión a favor o en contra de convocar una Asamblea Constituyente, en un proceso similar a los ya realizados en Bolivia, Venezuela o Ecuador. Es eso lo que se ha denominado "la cuarta urna", ya que se sumaría a las votaciones para presidente, legislativas y locales. Antes de ello, se convoca para este domingo la consulta ciudadana no vinculante con la pregunta que indicábamos en el primer párrafo de este artículo, requiriendo la conformidad o el desacuerdo de los ciudadanos en que se convoque ese referéndum en noviembre.

Para los sectores sociales y económicos que llevan tiempo intentando bloquear esta deriva transformadora de Zelaya y de las organizaciones y movimientos sociales que le respaldan, este avance en dirección a una reforma constitucional, puede haber sido valorado como un paso irreversible. Por eso los medios de comunicación - en su práctica totalidad enrolados en el sector que intenta bloquear al presidente - desataron una campaña que con tintes legalistas, en realidad pretendía impedir que se llegue a estas consultas populares. Oficiales retirados de las FF.AA., algunos de ellos con una foja de servicios que incluye haber participado en acciones represivas en los años 80, o haber recibido instrucción de "expertos" de la dictadura argentina en desapariciones, torturas y asesinatos, aparecieron en la escena pública como defensores de la Constitución y presionaron a los mandos actuales.

A pocos dias de la consulta, el General Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor, comunicó al presidente que no cumpliría la orden de custodiar y distribuír el material ( urnas y papeletas) . Argumentó su desobediencia en que la consulta no era constitucional, basándose en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. Zelaya, en su condición de Comandante en Jefe, decidió la destitución inmediata del general. También aceptó la dimisión simultánea de su ministro de defensa. Arropado por cientos de representantes de organizaciones populares y movimientos sociales, leyó públicamente el comunicado con esas resoluciones y ratificó la voluntad de realizar la consulta democrática "para que el pueblo hondureño pueda expresarse".

Marcha popular para recuperar el material de la consulta

Unidades del Primer Batallón de Infantería, con asiento en el entorno de la capital Tegucigalpa y comandado por el Coronel Mario Alberto Castillo, hicieron desplazamientos por las calles lo que hizo aumentar la tensión y la incertidumbre. Los mandos militares consultados respondían a las preguntas de la prensa indicando que esta movilización castrense era simplemente "para garantizar el orden y la seguridad". Algunos medios lo expresaron más claramente: los uniformes y las tanquetas tienen la intención de atermorizar a los manifestantes populares partidarios del gobierno, y controlar las convocatorias de dirigentes sindicales, sociales y del movimiento campesino e indígena para defender al gobierno e impedir cualquier intento golpista, aunque fuera "maquillado" por maniobras del Congreso. Zelaya advirtió que "él era presidente por voluntad popular" y no admitiría ninguna maniobra golpista desde el Congreso. Ratificó que la consulta "sigue adelante".

Uno de los problemas que se presentaban a Zelaya, es que el material para la consulta estaba almacenado en dependencias militares. Decidió entonces encabezar una marcha popular que llegó hasta las puertas de la Base Aérea ubicada al sur de la capital, donde finalmente logró que el comandante del arma permitiera el "rescate" de las cajas con las papeletas y otra documentación relacionada con la consulta, operación que se hizo con la colaboración de la gente y en algún momento entonando cánticos o el himno nacional. A partir de ese momento, se organizó el reparto del material por todo el país utilizando vehículos de distintas dependencias gubernamentales.

Zelaya dijo estar indignado con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque “ahora la corte declara ilegal la participación legitima del pueblo”…. “Qué vergüenza esa corte de Justicia para los hondureños” expresó ante quienes participaron de esa marcha popular, defensores de la llamada “cuarta urna”… “Esos bárbaros que no representan a nadie en el Congreso Nacional, declaran que los militares se pueden gobernar solos y que ya no dependen del presidente de la república, están violando el estado de derecho, y hacen retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, a la época de los desaparecidos, en que sacrificaban a los pobres en la década de los 80’s”.

Añadió también: "la decisión de la Corte no es en contra de mi persona sino en contra del pueblo de Honduras". "Ahora la Corte de Justicia que le hace justicia nada más a los poderosos, a los banqueros y a los ricos de este país, declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima y constitucional", agregó el presidente.

En ese clima de tensión, el Congreso unicameral formó una comisión que durante las últimas horas del jueves buscó una fórmula para destituír a Zelaya bajo la acusación de actuar al márgen de la constitución y consumar así el "golpe técnico" que implicaría promover a la presidencia al actual titular del Parlamento, Roberto Micheletti. Según algunos medios radiales hondureños, esta iniciativa se frustró porque sectores militares indicaron que en caso de desplazar al presidente, serían ellos mismos quienes asumirían el control del país. Lógicamente fue imposible confirmar esta versión, pero lo cierto es que pasada la medianoche los rostros de los parlamentarios que integraban la comisión mostraban claramente que no se había alcanzado una salida satisfactoria para ellos. Mientras tanto, el presidente Zelaya se retiraba de la Casa de Gobierno, sonriente, tranquilo y afirmando que "el golpe había sido conjurado", entre aclamaciones de varios centenares de partidarios que luego se dispersaron en orden. Su expresión, sin embargo, no parecía coincidir plenamente con la realidad.

Apoyos populares a Zelaya

Diversos dirigentes sociales expresaron su total respaldo al presidente y a sus decisiones. Rafael Alegría, dirigente campesino dijo que "la oligarquía pretende impedir la consulta popular del domingo". Ramón Melgar, dirigente indígena afirmó que la reforma constitucional es una de sus reivindicaciones, para que la asamblea constituyente y representativa, pueda elaborar una norma que incluya y otorgue igualdad de derechos a todos los ciudadanos hondureños.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras emitió un comunicado dirigido a la comunidad nacional y a la internacional. COPINH "denuncia la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio del 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño. Este acto, añade es una rección desesperada de la derecha y de sus aliados para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional." Este importante organismo que coordina entidades sociales hondureñas dice más adelante: "Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños, el Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo; por eso denunciamos que el ejército ha asumido un papel similar al de los años ochenta, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista." Tras otras consideraciones finaliza afirmando que el COPINH reconoce como único presidente constitucional de la república a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechazamos cualquier "sustituto" impuesto por los poderes fácticos e imperialistas". El comunicado emitido el miércoles 24 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, concluye afirmando: "con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz."

"Con la reforma constitucional,
los hijos pasarán al Estado"

Las iglesias evangélicas han tenido un papel significativo dentro del bloque que procura desplazar del gobierno al presidente Zelaya. En San Pedro Sula, una de las principales ciudades hondureñas, las expresiones religiosas vinculadas a Iglesias Evangélicas de Miami, como la "Alianza de Miami por una Honduras en Paz y democracia", convocaron a sus fieles para manifestarse contra la consulta al pueblo sobre la modificación de la actual constitución. El pastor Misael Argeñal dijo en su mensaje ante miles de personas que "Honduras no necesita una nueva Constitución". Luego, y para que no quedaran dudas de que su incursión desde lo religioso tenía claro contenido político expresó el pastor: "Honduras no será jamás de la extrema izquierda", mientras los adherentes evangelistas exclamaban "libertad y Cristo vive". Los organizadores afirmaron que era una manifestación " a favor de Dios", y que contaba con la participación de los estudiantes de las escuelas y colegios religiosos. Eso sí, el pastor Misael Argeñal aclaró que era una caminata "sin colores políticos". Por su parte un portavoz de la jerarquía de la Iglesia Católica marcó claramente su distancia con el presidente, y al ser preguntado si la Iglesia apoyaba la consulta popular, expresó que la Iglesia "no podía apoyar un acto ilegítimo, y así lo ha definido la justicia." Monseñor Darwin Andino, obispo auxiliar de Tegucigalpa, sugirió el alejamiento del presidente Zelaya, quien en realidad concluye su mandato a fin de año.

Otro factor decisivo es el de los medios de comunicación. Con excepción de algunas radioemisoras, que quizás por las mismas características técnicas del medio están más próximas a la espontaneidad de los acontecimientos, diarios y canales "apuntan" en una sola dirección: todas las informaciones coinciden en su carácter adverso al presidente, destacan "el patriotismo" de los mandos de las FF.AA. y exageran los vínculos de Honduras con los países del ALBA con titulos catastróficos señalando que el país corre el riesgo de "caer en manos de Chávez". Un ex diputado hondureño - Leonel Ayala - llegó a afirmar el riesgo de que la reforma de la Constitución supondrá que los padres pierdan a sus hijos, y lo completó con la falsedad "tal como pasó en Venezuela". Eso fue suficiente para que uno de los principales diarios hondureños titulara "Los hijos pasarán a poder del Estado".

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas que durante los últimos 20 años han tenido reformas en su estructura y en la formación de sus mandos, no experimenta cambios sustanciales con esos cuerpos que en los años 80 ejercieron acciones represivas contra movimientos sindicales, campesinos y populares. También Honduras fue utilizada como base de operaciones para asistir logísticamente a la "contra" nicarguense que realizaba ataques y sabotajes en la Nicaragua sandinista. En esa época contaron con la asistencia de expertos norteamericanos, argentinos e israelíes en lo que se denominaba "contra-insurgencia", y que en la práctica se traducía en secuestros, torturas y asesinatos de militantes de izquierda. Durante la gestión del presidente liberal Roberto Suazo Córdoba, entre 1982 y 1986, se creó el llamado "Batallón 316" que fue utilizado para asesinar a opositores Es difícil valorar cuánto han cambiado esas Fuerzas Armadas en estos años de procesos constitucionales. Tras su destitución, y ser repuesto en sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, el general Romeo Vázquez formuló declaraciones que en su retórica, le alejan de una posición golpista, al menos en sus términos clásicos. Ha llamado a la calma y además afirmó que "está a cargo" de sus funciones, pero pendiente de ser relevado por el presidente, con lo cual dá a entender que sigue reconociendo que su superior en línea jerárquica sigue siendo el Comandante en Jefe, o sea el presidente Zelaya. Argumentó estar dispuesto a cumplir cualquier órden que le imparta el presidente, menos aquellas que impliquen actos ilegales o contrarios a la constitución.

Situación indefinida

Tras los momentos de extrema tensión que siguieron a la posición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que en la práctica desconocían las resoluciones presidenciales de destituír al jefe del Estado Mayor y de seguir adelante con la consulta popular convocada para el domingo, al concluír la jornada de viernes la situación parece más tranquila a pesar de que el quiebre institucional sigue abierto. El presidente en tono sereno pero firme, reiteró que las 15.000 urnas recuperadas tras la marcha popular de miles de partidarios que encabezó ayer hasta una base de la Fuerza Aérea, serán utilizadas el domingo en todo el país, distribuídas en diversos lugares públicos para que el pueblo pueda expresar su opinión en la consulta. Internamente, Zelaya cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas. No tiene mayoría en el Congreso, donde el presidente Morichetti llegó a considerarlo como "perturbado" e insinuó la posibilidad de que se estudie su inhabilitación por su "incapacidad mental". Zelaya le respondió que a el le eligió el pueblo, no el Congreso. Y desafió: "si (a la legislatura) tanto le molesto, por qué no vamos a una consulta a ver que quiere el pueblo: si sacar al Congreso o al presidente".

En el ámbito internacional, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Miguel D'Escotto emitió una declaración condenando "la tentativa de golpe de estado en Honduras". La Unión Europea pidió que todas las partes implicadas en la crisis mantengan la calma y aseguren el orden democrático en el país. El ALBA, la Alternativa Boliviariana a la que pertenece Honduras también expresó su rechazo a un golpe de estado y su apoyo al presidente Manuel Zelaya. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en pleno extraordinario apoyaron la propuesta de Honduras de aplicar en este país centroamericano la Carta Interamericana a fin de promover la institucionalidad democrática y el gobierno legalmente constituido, tras el intento de golpe de Estado técnico.

Al cierre de este envío de SERPAL, y a menos de 48 horas de la consulta del domingo, personal de reparticiones del estado y voluntarios, preparan y distribuyen las urnas y las papeletas para que los hondureños expresen su opinión. Gran parte del Congreso desconoce la convocatoria, mientras que la Suprema Corte la considera "ilegal". Las Fuerzas Armadas tienen un jefe de estado mayor relevado por el presidente, pero no reemplazado. Se supone que la cadena de mandos seguirá funcionando en los aspectos fundamentales en cuanto a orden y seguridad, manteniendo una forma de "neutralidad" con respecto al diferendo institucional.

La tranquilidad actual permite suponer incluso que la consulta podría realizarse sin incidentes importantes el próximo domingo. Con el transcurrir de las horas, parecen tener más peso aquellas opiniones que "empujan" hacia una salida negociada que permita una continuidad institucional. Hay quienes suponen que la llegada de una misión de la OEA puede generar un diálogo.

Lo que ha quedado en evidencia es que la oligarquía hondureña intenta e intentará frenar el referéndum de noviembre, que teme el veredicto popular y la posibilidad de que los ciudadanos al elegir a sus constituyentes, opte por representantes populares independientes y relegue a los políticos tradicionales. Ese es el temor de este bloque social.

El presidente Zelaya tendrá que tener en cuenta el poder real de ese bloque opositor en los meses que le restan de mandato y evitar dar pretextos a quienes quieren frenar el proceso de cambios.

* Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=395
>> Alan García: coletazo
del neoliberalismo.

* Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL
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Antecedentes del conflicto

En realidad el proceso que dio origen a estos enfrentamientos, nace con la decisión del gobierno peruano de firmar el TLC ( Tratado de Libre Comercio ) con el gobierno norteamericano a pesar de la fuerte oposición de diversos sectores productivos del país que temen por las consecuencias del pacto. Luego, Alan García solicitó al Congreso permiso para legislar ( emitir decretos para implementar el TLC). En agosto y setiembre del año pasado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP -que agrupa a 1350 comunidades nativas, inicia una movilización denunciando medidas oficiales que “abrirían las puertas a la explotación de los territorios amazónicos” y dispone las primeras movilizaciones. A pesar de los pedidos de diálogo, en el Congreso las promesas de formar comisiones especiales se reiteran pero no llegan a concretarse. Y en abril pasado, las comunidades indígenas amazónicas, se declaran en estado de alerta ante algunos decretos que a su juicio, ponen en riesgo las regiones naturales donde están asentados y abren las puertas a las transnacionales madereras, mineras, etc.

El Comité de Lucha Provincial Condorcanqui – Amazonas, publica a mediados de mayo una “carta abierta al gobierno central” que en uno de sus párrafos expone: “ El bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro Buen Vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como Pueblo Indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua. Por eso nuestra lucha forma parte de la defensa de la supervivencia de la humanidad ahora que el planeta está en crisis de cambio climático.” Más adelante, el mismo documento planteaba al gobierno de Alan García que humanizara sus políticas “anteponiendo los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, antes que los intereses privados de pequeños grupos de poder económico cuyo único afán es maximizar sus ganancias a todo costo.”

El presidente afirmó que "400.000 indígenas no pueden decidir sobre recursos que pertenecen a millones de peruanos". Y añadió que derogar el decreto 1090 "atentaría" contra el acuerdo firmado con Estados Unidos. El hecho de que Alan García se ampare en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos para justificar sus decretos que ponen en riesgo los recursos naturales de la Amazonia, ha encendido los reclamos de amplios sectores sociales peruanos. El mes pasado, dos abogados de los movimientos que defienden el medio ambiente y los recursos naturales en la provincia amazónica de San Martín, lograron un inesperado fallo de la Corte Constitucional que suspendió tareas de exploración petrolera por una empresa transnacional.

La concesión de explotación petrolera en la región que tiene el tamaño de Puerto Rico, le pertenece a un consorcio transnacional, conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con la mayoría accionaria con el 40% ; la española Repsol y la brasileña Petrobras tienen 30% cada una. La Amazonia es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Y más del 70% de esa superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y 600 proyectos.

También en mayo, miles de mineros artesanales tomaron varias carreteras del país y paralizaron las avenidas de Lima. La movilización fue en rechazo del Decreto Supremo 005-2009 donde se criminalizaba la actividad de los mineros artesanales. Estos denunciaron el decreto como una de las leyes promovidas por las transnacionales, y vinculadas también con las exigencias del TLC firmado con Estados Unidos. El gobierno pidió una "tregua" y el levantamiento de las medidas. La organización nacional que les agrupa, dió un plazo de 30 dias al gobierno para que rectificar esas leyes.

Por su parte, la vigilia y las movilizaciones pacíficas de los pobladores amazónicos se prolongaron durante más de 50 dias. En su transcurso las comunidades hicieron bloqueos de carreteras y reclamaron insistentemente que el gobierno cumpliera sus compromisos de estudiar la derogación de algunos de los decretos objetados por ser lesivos al entorno natural de los pueblos indígenas.

Las cartas y mensajes al Congreso no tuvieron una respuesta efectiva. Los reclamos estaban cargados de argumentos, pero también de razones legales. Las comunidades denunciaban el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que oportunamente fuera ratificado por Perú y que obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier legislación o decisión gubernamental que afecte sus intereses. Incluso algunos legisladores peruanos calificaron de inconstitucionales los decretos aprobados por Alan García. Esos congresistas afirmaron que los decretos favorecen la "extranjerización" de la tierra y de sus recursos.

En el transcurso de esas casi nueve semanas, no hubo más que dilaciones y ningún gesto efectivo del gobierno hacia las demandas indígenas que pacíficamente seguían esperando ser escuchados.

El gobierno ordena reprimir

El pasado viernes 5, cumpliendo órdenes del gobierno, unos 600 efectivos de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) - fuertemente pertrechados -intervinieron a las cinco de la madrugada contra miles de miembros de las comunidades indígenas que cortaban la carretera panamericana en la zona conocida como Curva del Diablo en proximidades de la población de Bagua. En las operaciones se utilizaron también tanquetas y el apoyo de un helicóptero, desde el cual -según relataron dirigentes indígenas y pobladores - se hicieron disparos contra los manifestantes. Estos, como se advierte en las fotos y en las secuencias filmadas, estaban en su mayoría armados con lanzas y flechas.

La confrontación fue violenta, e inicialmente dejó un saldo de 15 indígenas y 7 policías muertos. Pero otros sucesos, como el secuestro de un grupo de una treintena de policías por cientos de indígenas derivaron en nuevos enfrentamientos. Las cifras oficiales y las que manejan las comunidades indígenas son muy diferentes. Todos admiten que los muertos superarían el medio centenar, aunque no todos los cuerpos han aparecido. El gobierno decretó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba.

Hay comunidades que han denunciado que fuerzas especiales han retirado cadáveres e incluso se han llevado heridos que estaban en los hospitales de las localidades próximas. Hay indígenas desaparecidos que podrían haber sido víctimas de traslados extrajudiciales a la Base Militar “El Milagro”, próxima a Bagua.

Es difícil encontrar cifras fiables, pero hay al menos 169 heridos, y decenas de detenidos. Amnistía estima que hay 79 detenidos que no se sabe que trato están recibiendo, que cargos se les imputan y si tienen asistencia médica o letrada. La misma organización internacional indica que dispone informes "del uso excesivo de la fuerza por la policía y de casos de agentes secuestrados y muertos por miembros de las comunidades indígenas." Mientras tanto, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica que representa a 1.350 comunidades amazónicas, pidió y obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima. Varios de los dirigentes de las comunidades indígenas son buscados por la policía y actúan en la clandestinidad. La región ha sido militarizada, incluso hay áreas que han sido cercadas y vedadas a la prensa o a representantes de organismos de derechos humanos.

Condenan la masacre

Diversas organizaciones sociales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresaron su rechazo a la intervención policial, y condenaron lo que califican de “matanza ordenada por el gobierno del presidente Alan García”. Desde movimientos, sindicatos y diversas corrientes políticas se exige al Congreso de la República, la derogación inmediata de los decretos que califican de inconstitucionales” y reclaman que se retome el diálogo. El presidente dice que era imprescindible “restituir el orden en la zona”, y al menos en principio, insistió en que no se modificarán ni la Ley Forestal ni otros decretos que abren la Amazonia a la explotación de las transnacionales.

El gobierno ha intentado contrarrestar las protestas con un video publicitario que recuerda a los de las dictaduras militares de los años 70. Allí, con imágenes de violencia y locución solemne, se proclama que los indígenas "son subversivos y van contra los intereses de la mayoría de los peruanos." “Así actúa el extremismo contra Perú” es la frase inicial, mientras muestra la imagen de los policías muertos en los enfrentamientos. El locutor define a los nativos amazónicos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. Este aviso sostiene que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un “asesinato salvaje de policías humildes”. La propaganda oficial, reiteradamente difundida por los medios públicos y privados, generó numerosas protestas, no solo de las comunidades amazónicas, sino de diversas organizaciones de la sociedad civil. Incluso, fue el detonante para la renuncia de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, quien no ocultó sus diferencias con los métodos represivos con los que Alan García afrontó el conflicto amazónico y comunicó su inmediato abandono del gobierno.

Por su parte, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos ( APRODEH ) afirmó que el gobierno peruano tiene la mayor responsabilidad en los sucesos del viernes 5 de junio en Bagua. Dijo que el primer ministro Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas deberían renunciar a sus carteras como lo hizo Carmen Vildoso, para "ir calmando las aguas". Definió que la represión ordenada por el Ejecutivo, podía calificarse "como una intención genocida y una actitud dictatorial y criminal".
Y añadió: "pero mas allá de la calificación técnica jurídica, acá hay un desprecio por la vida de las personas". Seguidamente afirmó que la actitud gubernamental no es sólo contra “las comunidades indígenas amazónicas o de los civiles, sino de los propios policías”. “Llevarlos a una zona que no conocen, aunque ellos pueden estar armados, pero hay miles de personas que están allí y que obviamente reaccionan y no tienen miedo a las balas y las bombas, que están en su hábitat y defienden sus derechos hasta con la vida”, agregó. El defensor de los DD.HH exhortó al gobierno a suspender de forma inmediata los decretos que permiten la privatización de las tierras amazónicas que son rechazados por las comunidades originarias. Y concluyó afirmando : " la situación sigue siendo tensa, todavía no hay una resolución clara de lo que va a pasar con los decretos legislativos, creo que ese es el centro de las protestas y el centro del problema”, manifestó Jugo.

Clima de tensión y protesta

Los graves sucesos en Bagua, han conmovido e indignado a la sociedad peruana y parecen derivar en la posibilidad de que se conforme en Perú un frente popular contra las medidas neoliberales y las acciones represivas del gobierno de Alan García. Las comunidades mantienen su movilización y bloquean carreteras. Han recibido respaldo y solidaridad de diversas organizaciones sociales, tanto peruanas como de los países vecinos.

Los pueblos indígenas de la Selva Central: (Ashaninka, Asheninka, Yine, Yanesha, Kakinte, Nomatsiguenga y Matsiguenga ) y los Pueblos Andinos y Organizaciones Sociales de la Selva Central, responsabilizaron de los sucesos al gobierno de Alan García. En un extenso documento recuerdan que "vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas que incluso violan tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales." Le reprochan también haber silenciado en los medios de comunicación a la voz indígena en su defensa de sus territorios y de los recursos naturales como los bosques, las aguas y la vida. También le acusan "de haber negado de hecho el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos poíticos en las regiones donde estaba la proesta indígena." Más adelante y refiriéndose siempre al gobierno de Alan García expresa el documento: "lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 dias de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas institucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino". Recuerdan luego otros casos similares que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García, como el caso Accomarca, en 1985, donde se produjo el asesinato de 62 comuneros incluyendo mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; o el el caso de las ejecuciones en los penales de El Frontón y Lurigancho en el que perdieron la vida más de 200 internos por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra reclusos amotinados, una vez rendidos. Exigen el cese de la campaña del gobierno y de algunos medios de comunicación donde se les identifica como "terroristas".

"Señalamos -dicen- que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos". Concluyen exigiendo la derogación de los decretos legislativos que les afectan, y afirman que "lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha". Comunican que los pueblos indígenas de la selva central iniciarán una jornada de resistencia permanente por la defensa de su territorio ancestral.

Por su parte, la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, decidió por unanimidad realizar un paro indefinido a partir del lunes 15 de junio contra el decreto oficial que otorga facilidades a las empresas transnacionales. La Federación que representa a 300.000 mineros, expresó también su solidaridad con los indígenas de la región selvática.

Los últimos acontecimientos

Para las próximas horas, se gestaba una huelga general de protesta en la región amazónica y actos en las principales ciudades del país.

Sobre el cierre de esta crónica, el gobierno estudiaba la posibilidad de tratar en el Congreso la derogación o modificación de algunos de los decretos cuestionados y adoptar medidas que pudieran descomprimir una situación social que puede poner en riesgo la propia continuidad de la gestión de Alan García.

Una gran mayoría del pueblo peruano rechaza el rumbo que lleva el gobierno, y parece crecer la resistencia al TLC firmado en enero pasado con Bush ( una de sus últimas "firmas" como presidente de los Estados Unidos ). A la luz de los acontecimientos que se han vivido en los dos últimos meses, otros sectores ciudadanos advierten los riesgos que entraña ese acuerdo para los intereses de los peruanos.

Mientras Alan García pretende "vender" la fábula de la "modernización" como ya lo hicieran antes Sánchez de Losada en Bolivia, o Menem en Argentina, la gente percibe que Perú puede sufrir daños irreparables en su estructura económica, social y productiva y afectar gravemente sus tierras, sus ríos y su selva. Motivos más que suficientes para decir basta y frenar este postrero espasmo neoliberal en el continente.

* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=394
>> El valor olvidado. Roberto Saviano

Quienes cuentan que la llegada de inmigrantes en pateras trae avalanchas de criminales, quienes cuentan que aumenta la violencia y la degradación, quizá estén olvidando dos episodios muy recientes y extremadamente significativos que han entrado en la historia de nuestra república. En Italia las dos revoluciones espontáneas más importantes contra la mafia no han partido de italianos sino de africanos. En diez años sólo se han producido dos veces, impulsadas por la indignación y el fin de la tolerancia, manifestaciones públicas no organizadas por asociaciones o sindicatos, sin autobuses y partidos.

Manifestaciones espontáneas. Y las han hecho los africanos. Quienes han gritado basta ya a los jefes de zona, a los clanes, a las familias, han sido los africanos. En Castelvolturno el 19 de septiembre de 2008, después de la matanza realizada por la camorra en la que fueron asesinados seis inmigrantes africanos: Kwame Yulius Francis, Samuel Kwaku y Alaj Ababa, de Togo, Christopher Adams y Alex Geemes, de Liberia, y Eric Yeboah, de Ghana. Joseph Ayimbora, ghanés, fue ingresado en el hospital en estado grave. Las víctimas eran todas muy jóvenes, el mayor de ellos tenía poco más de 30 años: se desbordó la rabia y estalló una revuelta ante el lugar de la masacre. La revuelta atrajo a las cámaras de televisión de todas partes del mundo y las imágenes transmitidas fueron las de un pueblo paralizado para pedir atención y justicia. En los seis meses anteriores la camorra había asesinado a un número impresionante de inocentes italianos. El 16 de mayo a Domenico Noviello, un hombre que diez años antes había denunciado una extorsión, y que nada más perder su escolta fue masacrado. Pero nada. Ninguna protesta. Ninguna queja. Ningún italiano se echó a la calle. Los pocos indignados, todos limitados al ámbito local, se sentían cada vez más solos y sin fuerza.

Pero esta soledad se rompió por fin la mañana del 19, cuando cientos y cientos de hombres y mujeres africanos tomaron las calles y gritaron a los italianos a la cara su indignación. Hubo incidentes. Pero lo más extraordinario fue que al día siguiente los mismos africanos se hicieron cargo de reparar los daños provocados. El objetivo era llamar la atención y decir: "No volváis a atreveros". Contra pocas personas es posible cualquier tipo de violencia, pero contra una población entera alineada, no. Y luego en Rosarno. En la provincia de Reggio Calabria, uno de tantos pueblos del sur de Italia con una economía principalmente agrícola que parecen marcados por un subdesarrollo crónico y cuyas bandas, en este caso las 'ndrine, facturan cifras equiparables al PIB del país.

La familia Pesce-Bellocco de Rosarno, según demuestra la encuesta del GOA [Gruppo Operativo Antidroga] de la Guardia di Finanza de marzo de 2004, había decidido blanquear el dinero de la coca en la construcción en Bélgica, en Bruselas, donde debido a la presencia de las actividades del Parlamento europeo, las casas estaban aumentando de precio vertiginosamente. El clan conseguía inyectar unos 30 millones de euros a la semana en la compra de viviendas en Bélgica.

La hegemonía sobre el territorio era total, pero el 12 de diciembre de 2008 dos trabajadores de Costa de Marfil fueron heridos, uno de ellos muy grave. Esa misma tarde cientos de extranjeros -también ellos, igual que los jóvenes heridos, empleados y explotados en los campos- se reúnen para protestar. Los políticos intervienen, hacen promesas, pero desde entonces poco ha cambiado. Sin embargo, inesperadamente, el 14 de diciembre, es decir, a sólo dos días de la agresión, el culpable fue detenido y el móvil resultó ser violencia con fines de extorsión en perjuicio de la comunidad africana. La población se echó a la calle en Rosarno contra la presencia de la 'Ndrangheta que dominaba como por derecho natural, algo que no había ocurrido nunca en años anteriores.


Y sin embargo, precisamente en ese pueblo, una parte de la sociedad, históricamente siempre había tenido el valor de resistir. Ejemplo de ello fue Peppe Valarioti, que dijo en la plaza: "No nos doblegaremos", refiriéndose a una posible victoria en las elecciones municipales. Y cuando esto ocurrió, fue asesinado. Desde entonces el silencio ha caído en las calles calabresas. Nadie se rebela. Sólo los africanos lo han hecho.

Y al hacerlo defienden a la ciudadanía por todos los calabreses, por todos los italianos. Defienden el derecho a trabajar y a vivir dignamente y defienden el derecho de la tierra. La agricultura era un recurso fundamental que los mecanismos mafiosos han disgregado lentamente, convirtiéndola en ámbito de especulaciones criminales. Todos los africanos que se rebelaron habían llegado a Italia en pateras. Y se rebelaron todos, clandestinos y legales. Porque a todos ellos las organizaciones les chupan la sangre, los recursos, el dinero.

Sobre la revuelta de Rosarno ha salido estos días un librito que es muy necesario leer, con un título en el que creo mucho: Los africanos salvarán Rosarno. Y probablemente también Italia, de Antonello Mangano, editado por Terrelibere. La población africana ha inyectado en el tejido diario del sur de Italia unos anticuerpos esenciales para hacer frente a la mafia, anticuerpos de los que los italianos parecen carecer. Anticuerpos que nacen de un elemental deseo de vivir.

La omertà no les pertenece y tampoco la percepción de que todo ha sido siempre así y siempre lo será. La necesidad de abrirse nuevos espacios de vida no les obliga sólo a sobrevivir, sino también a defender el derecho. Y éste es el principio de cualquier batalla auténtica contra las bandas. Para la opinión pública internacional resulta realmente difícil explicarse este sentido general de criminalización de los inmigrantes. Hecho además en un país, Italia, que ha exportado la mafia a todos los rincones de la Tierra, cuyas organizaciones criminales han enseñado al mundo cómo estructurar organizaciones militares y políticas mafiosas. Que con sus inversiones han contribuido al desarrollo del comercio de la coca en Suramérica, que han puesto en marcha, con las cinco familias mafiosas italianas de Nueva York, una especie de educación mafiosa en el extranjero.

Hoy, según demuestran las investigaciones del FBI y de la DEA, cualquiera que quiera realizar actividades económico-criminales en Nueva York, bien sean kosovares o jamaicanos, georgianos o indios, debe contar necesariamente con las familias italianas, que han perdido prestigio pero no respeto. Otro ejemplo clarísimo es el de Vito Roberto Palazzolo, que colonizó incluso Suráfrica convirtiéndola durante años en un lugar seguro para los fugitivos, igual que las familias italianas han conseguido transformar países del Este en colonias de inversión y, según demuestra el último informe de Legambiente, igual que las mafias italianas utilizan las orillas africanas para enterrar residuos tóxicos (en una sola operación en Costa de Marfil, se descargaron desde Europa 851 toneladas de residuos tóxicos).

¿Y este país dice que los inmigrantes traen criminalidad? Las mafias extranjeras en Italia existen y tienen una gran fuerza, pero son aliadas de las italianas. No hay más que leer las encuestas para darse cuenta de cómo llegan los bosses extranjeros a Italia. Llegan en avión desde Lagos o Leópolis. Desde Nigeria, Ucrania, Bielorrusia. Gestionan flujos de dinero que a menudo reinvierten en las ventanillas de Money Transfer. Las investigaciones más importantes, como la denominada Linus sobre la mafia nigeriana, dirigida por los magistrados Giovanni Conzo y Paolo Itri, de la Fiscalía de Nápoles, demuestran que los narcos nigerianos no llegan en pateras, sino en avión. Incluso los desesperados que para pagarse el viaje y tener liquidez al aterrizar transportan en su cuerpo bolas de coca. Tampoco ellos llegan en pateras. Nunca.

Cuando se generaliza, se hace un favor a las mafias. Ellas viven de esta generalización. Quieren ser los únicos interlocutores. Si todos los inmigrantes se convierten en criminales conseguirán sentirse sus representantes y no habrá documento o llegada que ellos no gestionen. La mafia ucrania monopoliza el mercado de las asistentas y de los obreros de la construcción; los nigerianos el de la prostitución y la distribución de coca; los búlgaros el de la heroína; y el de los robos de coches los rumanos y moldavos. Pero éstos son una parte minúscula de sus comunidades y son instruidos por el crimen organizado italiano. Ninguna de estas organizaciones vive sin el consentimiento y la alianza de las mafias italianas.

Ninguna de estas organizaciones viviría una sola hora sin la alianza con grupos italianos. Tener una actitud cerrada y de criminalización ayuda a las organizaciones mafiosas, porque se obliga a todos los inmigrantes a relacionarse con las mafias, si sólo de ellas dependen los documentos, la vivienda, incluso los anuncios en los periódicos y la asistencia jurídica. Y no se trata de interpretar el papel de las "almas buenas", como dirían algunos, sino de analizar cómo las mafias italianas aprovechan la debilidad de las comunidades de inmigrantes. Cuanto menos protegidas están éstas por el Estado, más se encuentran a su merced. El país en el que es hermoso reconocerse -enseña Altiero Spinelli, padre del pensamiento europeo- es el que está hecho de conductas, no de monumentos. Yo sé que la parte de Italia que en estos años se ha comportado entendiendo y acogiendo es la parte que ve en los inmigrantes nuevas esperanzas y nuevas fuerzas para transformar aquello que no hemos conseguido cambiar. La Italia en la que es hermoso reconocerse y que lleva en su interior la memoria de las persecuciones de sus propios inmigrantes y no permitirá que esto recaiga sobre su propia tierra.
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=393
>> Nos queda su palabra
Carlos Iaquinandi, redacción de SERPAL

Sabíamos que tenía que ocurrir. El nos mandó varios avisos, en algunos de sus versos, o en su última y reciente internación. Pero hay partidas para las que nunca estamos suficientemente preparados. Eso nos ocurre hoy, cuando nos sentimos huérfanos de la poesía, de la ternura y de la proximidad de Mario Benedetti. Murió ayer domingo en su casa de Montevideo. Un aluvión de palabras, un manantial de sentimientos se vuelcan en las páginas de la prensa, en los foros de Internet. Frases sencillas pero que sobran para expresar esta soledad que Mario inauguró con su partida. Hasta sorprende comprobar el inmenso alcance que tiene su adiós, porque conmueve saber de pronto, que somos tantos los que compartimos un mismo sentimiento. Una pena unánime, porque "en la última asamblea del futuro, faltará sin aviso" .

Lo único que ayuda, es saber que desde hoy, podremos atrincherarnos en sus versos, recorrer sus cuentos, sus relatos. Nadie nos los podrá arrebatar, porque ya son parte de nosotros. Pero sobre todo podremos evocar su compromiso con la Vida, su capacidad para decir lo que sentimos en palabras simples. Para no claudicar. Para seguir siendo nosotros, los que fuimos, los que somos. Porque Mario siempre supo que la derrota no era definitiva y que de todos modos, la derrota no invalida los objetivos de las causas justas. Así lo expresaba en las últimas páginas de "El Aguafiestas" la biografía de Benedetti que hizo su amigo el escritor argentino Mario Paoletti.

- Y después de la derrota, y de la caída del Muro de Berlín, y del retorno del conservadurismo y de tanta ilusión maltrecha ¿ que vá a pasar ?

- La derrota no prueba que luchar por la justicia sea un error o sea imposible. Solo prueba que se han cometido errores que llevaron a esa derrota. Derrota que ha tenido también, su parte buena y positiva. Después de todo hasta Borges ha escrito que "hay una dignidad que el vencedor jamás puede alcanzar"...

- O sea...

- Que ni colorín ni colorado. Este cuento no se ha acabado."

Una vez más, como en sus versos, Mario tiene razón. Este cuento no se ha acabado.

* Carlos Iaquinandi, redacción de SERPAL.

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* Completamos este envío de SERPAL con el texto que esta mañana leyó por Radio Nacional de España el periodista Fran Sevilla, que conoció a Benedetti hace muchos años, cuando él iniciaba su actividad profesional en una radio libre de Madrid y tuvo la audacia de invitar al escritor uruguayo a su programa. Y Mario, sencillo y bondadoso como lo fue siempre, no dudó un instante y allí estuvo. Así comenzó una relación de amistad y un sentimiento que Fran volcó en esas palabras madrugadoras...

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>> Benedetti
Por Fran Sevilla.

Era el poeta del amor, el cuentista del exilio, el novelista de la nostalgia, pero sobre todo era el escritor del compromiso. Como esbozó en uno de sus poemas, Mario Benedetti no quiso salvarse, quiso ser hombre de su tiempo y a su tiempo se aferró. No pudieron con él, con su apuesta por la vida las dictaduras ni sus secuaces, los cantos de sirena ni las famas altivas, fue hombre, fue sencillo, fue completo, fue palabra y voz a favor de los otros, de los olvidados, de los jodidos, de los cansados. Una vez dijo "el sur también existe" y existieron sures y nortes y esperanzas y alegrías defendidas hasta la última trinchera, la del nombre, la del verbo y la del adjetivo.

"Si te quiero porque sos", porque has sido, maestro y cómplice, así que "hagamos un trato", "ya sabes que puedes contar conmigo", así que yo miro para otro lado. Y tú no te has ido. Porque no vá a ser fácil llenar esta ausencia. Vamos a echarte de menos, tú lo sabes. Vamos a echar de menos tu alergia al tanino por la que te compadecíamos ( ¡ hijo de enólogo y alérgico al tanino! ) vamos a echar de menos tu pasión por el tango, pero sobre todo, vamos a echar de menos el espacio y el abrazo compartidos.

Vago en mi imaginación por las calles de Montevideo donde a esta hora, a esta deshora, hay tanta gente que no sabe que hacer con tu muerte y me pregunto como sería el paraíso al que van los hombres como tú; allí donde estés "si es que estás, si están llegando", habrá otros abrazos esperándote y burlando a una muerte que a esta hora, a deshora, no sabrá que hacer "con tanta vida".

* Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.