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>> De Puerto Pirámides a Neuquén
Por Osvaldo Bayer (*)

El mismo día que llegué a Alemania recibí un paquete de Puerto Pirámides. Sí, de la lejana y bien querida Patagonia. Me informaban del éxito tenido con la acción “Poniéndoles nombre a las calles de mi pueblo”. La más democrática de las acciones que se pueda uno imaginar. Toda una actividad comenzada hace tres años por la docente Eugenia Eraso y acompañada desde un principio por otros docentes y las autoridades municipales. Era necesario ya poner nombres a las calles porque la población había crecido.

Pero esta vez se hizo al revés. Es decir, no se esperó que los nombres fueran puestos por las llamadas autoridades nacionales o provinciales –como siempre fue costumbre en nuestro país–, sino que las votara el mismo pueblo. Para lo cual se pusieron tres categorías de nombres. En la primera, “Nombres de antiguos pobladores y pobladoras de la península Valdés”. En la segunda, “Pueblos originarios”, y la tercera categoría: “Hombres y mujeres que tuvieron un rol protagónico en la Historia de la Patagonia”. Para lograr lo primero, se movilizó a los alumnos mayores de 12 años del ciclo básico del nivel secundario de la Escuela N° 87, a fin de que ellos visitaran a todos los más antiguos pobladores y escucharan su opinión acerca de quiénes merecían que las calles de ese pueblo que ellos ayudaron a construir llevaran sus nombres. Durante dos años esos estudiantes salieron a la calle a buscar los datos, con lápiz, papel, grabador y cámara en mano. Recogieron y grabaron decenas de charlas de prolongada duración. Fueron a las raíces del origen. Es decir, se reunía a la historia con el porvenir, los viejos y los apenas salidos a la vida. ¿Por qué así? Lo dice la docente Eugenia Eraso: “La posibilidad de involucrar a los jóvenes con la población adulta ofrece una valiosa oportunidad de transformarlos a ambos en protagonistas en la reconstrucción y también en la proyección de la historia futura”, y “así se deja de lado aquella postura de siempre de nombrar calles de las ciudades con los nombres que dicta la historia oficial”.

Es decir, un principio sano, bien democrático. Más en la Patagonia, donde todo se llama Roca, Perito Moreno y el nombre de todos los oficiales de aquella expedición militar que tuvo como objeto sólo quedarse con toda la tierra. “Recordar nuestros orígenes y a los primeros que vinieron desde otras latitudes”, señala el proyecto. Y así fue. Se organizó luego una comisión de vecinos y de docentes, que actuaron junto a la presidenta del Concejo Deliberante local y el director de Cultura. Además, contaron con el asesoramiento de los historiadores de la Universidad de Trelew.

Es la primera vez que se hace algo así en nuestra república: votaron todos los habitantes mayores de 12 años, es decir que también se integró en esta historia a los que asomaban a la adolescencia. Fueron votados así diecisiete nombres de antiguos pobladores. Siete, de los pueblos originarios, entre ellos los nombres tehuelches, Cacique Inacayal, Cuadro del Indio, Aymé Payné, Cacique Sayhueque, y Nancuyeo, y una de las principales calles llevará precisamente ese nombre: Pueblos originarios. Y siete, de protagonistas de la historia patagónica. En esta categoría, el más votado fue el nombre de Peones patagónicos, en recuerdo de los trabajadores de la tierra fusilados por el 10 de Caballería en las huelgas de 1921; y en segundo lugar, nada menos que Facón Grande, el nombre que le asignaron las peonadas a ese gaucho que salió en defensa de los huelguistas y murió ejecutado por los militares. Otros de los votados fue el nombre del abogado Mario Abel Amaya, desaparecido por la última dictadura militar. También se eligió como nombre a Hermanos Cugura, dos jóvenes chubutenses, desaparecidos durante la dictadura de Videla.

Es decir, la opinión del pueblo, debido a una proposición venida desde las bases. Todo un ejemplo a seguir. Vemos así cómo se aprende de la verdadera historia. Y cómo, con el tiempo, los valores éticos van derrotando a la historia oficial: Peones patagónicos, Facón Grande, Mario Abel Amaya, Pueblos originarios, Cacique Inacayal. Justamente Ina-cayal, el tehuelche que fue exhibido en el museo de La Plata por el perito Moreno, y que al morir, pronunció estas palabras: “Yo, hijo de esta tierra... blancos ladrones, matar a mis hermanos, robar mis caballos y la tierra que me vio nacer... ahora prisionero... desdichado”. Ahora lo recordará para siempre Puerto Pirámides. Algo para aprender.

Como decimos, en la historia –a veces tarda– finalmente triunfa la Etica. Porque también en nuestra querida Patagonia, justamente el próximo martes, se llevará a cabo, como todos los años para esta fecha, el acto de recordación de los peones rurales fusilados en 1921 en la estancia La Anita, propiedad de los Braun Menéndez. Organizado por la Comisión de la Memoria de las Huelgas Patagónicas de 1921, que preside el historiador Luis Milton Ibarra Philemon, se llevará a cabo ese acto justamente en el cenotafio que recuerda a las decenas de trabajadores fusilados en dichas huelgas rurales. Concurren siempre muchos patagónicos, principalmente estudiantes universitarios y secundarios y representantes de los trabajadores rurales. Pero creemos que ha llegado el momento de solicitar que se inicie de una vez también la reivindicación de tantos seres humildes asesinados por el poder, dado que fue el presidente Yrigoyen quien dio el bando de la pena de muerte al teniente coronel Varela, jefe del 10 de Caballería para terminar con los huelguistas. No hace mucho tiempo, en una entrevista que tuve con el dueño de la estancia La Anita, Federico Braun, le sugerí que donara una cuarta parte de su extensísima estancia a los trabajadores rurales para que ellos organizaran una cooperativa de trabajo y producción. De esa manera, se indemnizaría en el recuerdo a aquellos otros humildes trabajadores que fueron fusilados por pedir tan poco, justo en esa estancia. Pero el latifundista Federico Braun se hizo el desentendido. Creemos que ya es hora de que la Legislatura santacruceña expropie una parte de esa estancia y promueva esa cooperativa. Fueron los poderes públicos los responsables. Tiene que haber una respuesta ante tanto crimen. Es hora de comenzar a discutir esto que se mantiene sólo como “un error del pasado”.

Errores que seguimos cometiendo los argentinos. Porque demos vuelta la hoja, hasta aquí, en Europa, ha llegado el eco de un nuevo hecho vergonzoso que acaba de ocurrir en suelo argentino, que lo llena a uno de dudas y de profunda indignación. El desalojo brutal a que fueron sometidos los habitantes del espacio ancestral de la comunidad Paicil-Antreao en la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, sur de Neuquén. Aquí se ha podido ver por televisión la entrada brutal, la destrucción de las viviendas, a palazo limpio, y la humillación a que fue sometida esa población originaria por parte de la policía neuquina y parapoliciales. Todo porque el latifundista norteamericano William Fisher lo solicitó al juez Videla, quien aprobó el desalojo. Ya se ha vuelto cosa común en la Patagonia. Se vende toda la tierra –ver el caso Benetton, con casi un millón de héctareas– al mejor postor, sin tener la menor consideración con las familias autóctonas que viven desde hace siglos en esas regiones. Lo escribimos ya en estas contratapas cuando se desalojó a la familia Curiñanco-Nahuelquir, en Leleque. Ahora es el gobernador Sapag que permite la actuación de parapoliciales en el caso Paicil-Antreao. Pero, uno se pregunta, ¿no hay otros procedimientos? Por ejemplo, ante todo, respetar el derecho a las familias con sus hijos a tener un techo en tierras que siempre fueron habitados por ellos. Es que en “la práctica” la moral se mide por los millones de dólares que pone un extraño sobre la mesa y al cual nuestra Justicia le da derecho a la vida y a la muerte de los demás, más siendo éstos humildes. Porque no exagero, si esas familias se hubieran resistido con violencia, la policía neuquina y sus parapoliciales habrían dejado tendido en el suelo a más de uno, como ya lo hizo con el maestro Fuentealba. Parece ser que los gobernadores de Neuquén toman como modelo a Sobisch.

La pregunta, entonces, es: ¿cuándo se van a poner los derechos humanos –más cuando se trata de familias– por delante del dinero en nuestro país? ¿Cómo es que la provincia de Neuquén –en su Justicia y sus autoridades de gobierno– no atendió primero los intereses de las familias antes que los intereses mezquinos de un dueño de todo menos de la moral? Más teniendo en cuenta que esas poblaciones son milenarias y que debe respetarse su falta de sentido de la propiedad, que los enaltece ante nosotros.

De Puerto Pirámides a los actos reivindicativos en la estancia La Anita, sí, pero... para finalizar con la ignominia de los palos a la comunidad Paicil-Antreao. Un tiempo argentino. ¿Y el pensamiento de los héroes de aquel 25 de mayo de 1810, dónde queda? ¿Y nuestro Himno con ese verso definitivo “Ved en trono a la noble igualdad, Libertad, Libertad, Libertad” ?

(*) Fuente: Osvaldo Bayer desde Bonn en Página 12, Argentina.-
http://www.serpal.info/especificos/especial.php?pais=Uruguay&data=2009-10-23

>> Palabras para las vísperas
Eduardo Galeano. (*)

Falta muy poquito para que el pueblo uruguayo elija nuevo gobierno. Al mismo tiempo, en las mismas urnas, se somete a plebiscito la posibilidad de liberarnos de dos palos metidos en la rueda de la democracia. Uno de esos palos es el que impide el voto por correo de los uruguayos que viven en el extranjero. La ley electoral, ciega de ceguera burocrática, confunde la identidad con el domicilio. Dime dónde vives y te diré quién eres. Los uruguayos de la patria peregrina, en su mayoría jóvenes, no tienen derecho de voto si no pueden pagarse el pasaje. Nuestro país, país de viejos, no sólo ha castigado a los jóvenes, durante años negándoles trabajo y obligándolos al exilio, sino que además les sigue negando el ejercicio del más elemental de los derechos democráticos. Nadie se va porque quiere. Los que se han ido, ¿son traidores? ¿Es traidor uno de cada cinco uruguayos? ¿Traidor o traicionado? Ojalá los uruguayos acabemos de una vez con esta discriminación que nos mutila.

Y ojalá acabemos también con otra discriminación todavía peor, la ley de impunidad, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, bautizada con ese nombre rocambolesco por los especialistas en el arte de no llamar a las cosas por su nombre.

La Corte Suprema de Justicia acaba de dictaminar que esa ley viola la Constitución. Desde mucho tiempo antes se sabía que también viola nuestra dignidad nacional y nuestra vocación democrática. Es una triste herencia de la dictadura militar, que nos ha condenado al pago de sus deudas y al olvido de sus crímenes.

Sin embargo, hace veinte años, esta ley infame fue confirmada por un plebiscito popular. Algunos de los impulsores de aquel plebiscito estamos reincidiendo ahora, y a mucha honra: perdimos, por muy poco pero perdimos, y no nos arrepentimos. Creemos que aquella derrota nuestra fue en gran medida dictada por el miedo, un bombardeo publicitario que identificaba a la justicia con la venganza y anunciaba el apocalipsis, larga sombra de la dictadura que no quería irse; y creemos que nuestro país ha demostrado, en estos primeros años de gobierno del Frente Amplio, que ya no es aquel país que el miedo paralizaba.

Eso creemos, digo, y ojalá no me equivoque.

Ojalá triunfe el sentido común. El sentido común nos dice que la impunidad estimula al delincuente. El golpe de Estado en Honduras no ha hecho más que confirmarlo. ¿Quién puede sorprenderse de que los militares hondureños hayan hecho lo que han venido haciendo desde hace muchos años, con el entrenamiento del Pentágono y el visto bueno de la Casa Blanca?

La lucha contra la impunidad, impunidad de los poderes y los “poderitos”, se está desarrollando en los cuatro puntos cardinales del mundo. Ojalá nosotros podamos contribuir a desenmascarar a los defensores de la impunidad, que hipócritamente ponen el grito en el cielo ante la inseguridad pública, aunque bien saben que los ladrones de gallinas y los navajeros de barrio son buenos alumnos de los banqueros y los generales recompensados por sus hazañas criminales.

Ojalá el próximo domingo confirme nuestra fe en una democracia sin coronitas, ni las coronitas del uniforme militar, ni las coronitas del dinero.

Ojalá podamos envolver esta ley en papel celofán, en un paquete bien atado, con moña y todo, para enviársela de regalo a Silvio Berlusconi. Este gran mago de la impunidad universal, que ha atravesado más de sesenta procesos y no conoce la cárcel ni siquiera de visita, nos agradecerá el obsequio y seguramente sabrá encontrarle alguna utilidad.

Ojalá.

Lo único seguro es que, pase lo que pase, la historia continuará, y continuará el incesante combate entre la libertad y el miedo.

Yo suelo invocar una palabra, una palabra mágica, una palabra abrepuertas, que es, quizá, la más universal de todas. Es la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo significa: Envía tu fuego hasta el final. A modo de homenaje a todos los fuegos caminantes, que van abriendo puertas por los caminos del mundo, la repito ahora:

Caminantes de la justicia,
portadores del fuego sagrado,
¡abracadabra, compañeros!


* Palabras de Eduardo Galeano en el Obelisco de Montevideo,
en la noche del martes 20 en el cierre de la campaña contra
la Ley de Impunidad.
http://www.serpal.info/especificos/especial.php?pais=Argentina&data=2009-09-29
>> Una planta arrancada con sangre
Por Eduardo Blaustein

Fue el principio. 19 de Mayo de 1977. La "célebre" portada en la que Clarín se dirigió a sus lectores intentando explicar que la operación que le permitió quedarse con buena parte de Papel Prensa “se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.

“ Hacían falta periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica.”

La frase escrita por el periodista Juan Gasparini en su libro El crimen de Graiver refiere a lo que sería el operativo de asociación final de los tres grandes diarios argentinos –La Nación, Clarín y La Razón– con el Estado terrorista en la empresa Papel Prensa, el 18 de enero de 1977. Pero aparece en su investigación en un contexto particular: el de las recomendaciones hechas por la multinacional publicitaria Burson Marsteller a la dictadura para mejorar su imagen interna y externa. En este punto, el de la apelación a las modernas destrezas de la prensa y las artes publicitarias puestas al servicio del Estado terrorista, sería interesante revisar si fue tan medieval ese imaginario que solemos asociar con la idea de la última dictadura. O establecer ciertos nexos que van del liberalismo declamado de La Nación a su asociación con el Estado para hacer buenos negocios, o del actual multimedios Clarín al comisario Miguel Etchecolaz, que fue el encargado de torturar salvajemente a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ya muerto en un misterioso accidente de aviación, última representante legal de la empresa Papel Prensa. En esas mismas sesiones de torturas murió Jorge Rubinstein, que había sido una de las manos derechas de Graiver.

El trabajo de Gasparini recuerda de qué modo Lidia Papaleo fue obligada, meses antes de su secuestro y torturas, a desprenderse de las acciones de Papel Prensa en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 1976 en las viejas oficinas de La Nación de la calle Florida. En el despacho de Bartolomé Mitre estaban Patricio Peralta Ramos por La Razón y Héctor Magnetto por Clarín. Un maestro de ceremonias muy particular fue el abogado Pedro Jorge Martínez Saravia. Durante algunos años había sido hombre de confianza de David Duddi Graiver. Para esta ocasión supo correr al otro lado, al lugar del ganador. No por nada Martínez Saravia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz y socio en su estudio.

Delicias de archivo. En los primeros meses de 1977 los integrantes presuntos de eso que la dictadura y su prensa llamarían “el clan Graiver” irían a parar a las mazmorras bonaerenses de Ramón Camps y con ellos otros como Edgardo Sajón o Jacobo Timerman. El director de La Opinión, que también había apoyado al golpe, sería repudiado en una carta pública –nuevas delicias del archivo que no consultan los adalides de la República– firmada por los directores de los grandes diarios argentinos cuando obtuvo el premio Moors Cabot por sus denuncias a la violación de los derechos humanos.

La historia de Papel Prensa, que arranca a fines de la década del ’60 en un típico contexto de apuesta al desarrollo y la sustitución de importaciones, incluye triangulaciones oscuras en tiempos de Lanusse, José Gelbard y David Graiver. Las maniobras siguientes serían aún peores. Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel se hablaba de un costo de 62 millones de dólares. En la memoria y balance del ejercicio cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 42.400.000 dólares. Según las investigaciones que se hicieron en torno del traspaso forzado que se hizo sin venia judicial, los grandes diarios pagaron apenas entre un 23% y un 43% del verdadero valor accionario que Papel Prensa tenía en tiempos de David Graiver. Ya para el 27 de septiembre de 1978, pasada la inauguración de la planta, con foto incluida del brindis entre Videla y Ernestina Herrera de Noble, la sociedad Clarín-La Nación-La Razón decía que la inversión total había sido de 180 millones de dólares. Transparencia total.

Vueltas de la vida. La investigación por el negociado sangriento que el Estado y los grandes diarios argentinos hicieron con Papel Prensa agonizó como tantas de la era democrática, más o menos a la altura en que el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, anunciaba que sería posible castigar las responsabilidades del Estado, pero no la de los empresarios privados. ¿La razón? Estos se escudarían en el argumento de que no se los podría culpar por la ausencia de controles públicos en la operación. Las vueltas de la historia: hoy, cuando la oposición conservadora y los propios medios afectados agitan el fantasma de los “derechos adquiridos”, no se cuestiona cómo se adquieren esos derechos –aproveche la oferta– ya sea en dictadura o en menemismo.

Hace algunas semanas este diario citó aquella curiosísima portada del diario Clarín del 19 de mayo de 1977. Casi todo el ancho de la portada, de arriba abajo, dedicado a la reproducción de un comunicado de la propia empresa intitulado “A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Aquel parte de guerra terminaba diciendo: “Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.

El 29 de febrero de 1988 en el dictamen del fiscal Molinas se condensarían las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse (abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia de acciones), contra los representantes del Estado en la empresa (incumplimiento de deberes de funcionario público).

Debilidades de la democracia; presiones de los grupos de poder. A los pocos años la causa penal prescribió. Fue en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se creó un fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel que se nutrió de una tasa de contribución del 10% a la importación de papel que se aplicó para la puesta en marcha de Papel Prensa. Esa fábrica que hoy alimenta sólo a Clarín se levantó gracias a los aportes de todos los diarios argentinos acumulados en diez años. Papel Prensa, con su densa historia de corrupción y sangre, sigue elaborando la materia que abona la libertad de imprenta de unos pocos, en perjuicio de otras voces, extorsionando como siempre y –por el mismo precio– contaminando.

por eduardo blaustein
eblaustein@miradasalsur.com